Rosa Álvarez presidenta del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona interviene en el Congreso de los Diputados

Sin lugar para eufemismos, la última Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, realizada el pasado lunes 25 de noviembre, ha contado con caras, nombres e historias reales sobre lo que ocurre cuando el texto de una ley se vuelve política pública. Así, la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados ha sido sede del primer encuentro entre representantes de dicha Comisión y la ‘Alianza Apoyo y Autonomía’, conformada por organizaciones clave del tercer sector. Personas directamente afectadas por la Ley 8/2021, de 2 de junio y miembros de la Cámara han protagonizado un valioso intercambio, en el que se han conocido perspectivas e interrogantes mutuos.

La Ley 8/2021, también conocida como ‘Ley de Apoyos’, debe su origen a la necesidad de reintegrar la capacidad jurídica de aquellas personas con un problema de salud mental, que tienen un proceso de tutela abierto. De esta manera, ha quedado sustituido el procedimiento de incapacitación, por el de apoyos a la persona, en función de la salud y tareas desempeñadas. Esto ha ubicado a España un casillero más cerca de normativas marco de previa adhesión, adaptando su ordenamiento jurídico a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que, en todos los aspectos de su vida, ejerzan su capacidad jurídica en igualdad de condiciones respecto del total de la sociedad.

Durante el acto en el Congreso de los Diputados, representantes de la Alianza, personas con discapacidad y miembros de la Comisión para Políticas Integrales de la Discapacidad han reflexionado sobre avances y desafíos pendientes en la implementación de la Ley 8/2021. Qué pasaba antes de la normativa, qué propone su texto y qué hace falta para que, en efecto, la intención sea inclusión.

La primera meta se logró: que quienes tienen capacidad para influir escucharan lo que había para decir, en concreto, atender el desafío que supone para una persona recuperar su propia vida. Comprender que, al problema en sí -sea la discapacidad que fuere-, se le suma el estigma; muchas veces, acompañado por el ‘autoestigma’, potenciado por la engañosa costumbre de pensar que no es posible ejercer la propia voluntad.

La apertura del encuentro en el Congreso contó con la palabra de Mercedes Fernández, presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, quien subrayó la importancia de otorgar seguridad jurídica que impulse la autonomía y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Y advirtió que es el Estado donde la solidaridad debe tener un “papel categórico”.

A continuación, Luis Gonzaga, portavoz de la Alianza Apoyo y Autonomía, se refirió en su intervención a un cambio de paradigma que ha supuesto la Ley 8/2021, al pasar «de la sustitución en la toma de decisiones al respeto por la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad». El representante de la Alianza -creada en 2022 con el objetivo de garantizar la implementación efectiva de dicha Ley-, identificó al encuentro como un “hito”. Destacó la necesaria promoción de “igualdad y respeto, e impulso del cambio social y cultural para superar barreras y prejuicios que aún existen”. Sobre todo, analizó la importancia de una interpretación coherente de las medidas de apoyo, para hacer realidad los principios objetivos de la normativa.

La Ley 8/2021, en primera persona

El punto central del encuentro consistió en una ronda de testimonios en primera persona, de quienes están directamente afectadas y afectados por la Ley. La dinámica contó con la moderación de Alfredo Chaparro Brioso, portavoz de la Asociación Liber, acompañado por una persona referente de la Fundación TAU.

Conformaron dicha mesa Celeste Álvarez Segovia, de Plena inclusión España; Aleix Vicente Solsona y Juan Antonio Vicente Prades, de Autismo España; Rubén Pedraza Villaseñor, de la Federación Española de Daño Cerebral; Carlos González Fraga, en representación de Down España; Kenjy Daniel Alcas Álvarez, de Confederación ASPACE; y Rosa María Álvarez Redondo, de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Cada participante compartió su historia y proceso personal, destacando avances y señalando pendientes de la normativa, de cara a una inclusión plenamente materializada.

Por parte de SALUD MENTAL ESPAÑA, Álvarez Redondo, miembro del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, se refirió a un caso real, contemplado en el documento ‘Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2022’, de CERMI Estatal. En concreto, compartió la historia de un hombre con problemas de salud mental, que pasó años institucionalizado, y, teniendo la posibilidad de recibir apoyos, muere. Historia de un hombre para quien la sanción de la Ley 8/2021 llegó tarde.

Y es que, para todas las personas, lo específico del contexto puede ser lo determinante. Porque, como expresó Álvarez Redondo, “hay lugares donde no llegan las leyes, con paredes más altas que los muros de una institución: son espacios libres de conciencia, un sistema hostil”. Porque es allí, “en la base de la pirámide de una institución”, donde “hace mucho frío” y, se sabe, “es una norma no escrita más firme y aplicada que las que se aprueban en el Parlamento, que es mejor no decir nada, mejor consumirse y pasar los años, cada vez más sobremedicado, más rendido, hasta aparecer muerto una mañana”.

La referente del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona y de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación hizo hincapié en que “todas las personas somos capaces con apoyos”. Y reflejó: “Transitamos durante nuestras vidas por momentos críticos en los que una crisis puede situarnos en estados de extrema vulnerabilidad”. Es allí cuando “los apoyos son imprescindibles para una recuperación… momentos puntuales que aportan mucho sufrimiento y que, con los apoyos adecuados y suficientes”, pueden propiciar para la persona un “resurgir”.

El bloque avanzó hacia un espacio de diálogo entre la mesa y miembros de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad presentes en la sala, entre quienes se encontraban la mencionada Mercedes Fernández y Violante Tomás (PP); Olvido de la Rosa (PSOE); y un representante de la Asamblea de Madrid, Diego Figuera (Más Madrid), permitiendo intercambiar ideas y necesidades a atender para mejorar la implementación de esta ley.

El cierre del acto estuvo a cargo del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, quien recordó que dicha ley no solo es un avance jurídico, sino un paso hacia una sociedad más justa e inclusiva. No obstante, Martín instó a fomentar una formación que permita que “la norma aterrice en nuestras vidas”, en busca de que “se dé a conocer” una ley tan transformadora como compleja.

Conocer para entender. Entender para reivindicar. Fue parte de la reflexión del director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, “para que todas las personas con discapacidad seamos, estemos y contemos en España”.

La jornada estuvo organizada por la Alianza Apoyo y Autonomía, integrada por entidades como CERMI Estatal, Fundación ONCE, Fundación Aequitas, Plena inclusión España, Asociación LIBER, Down España, Confederación Autismo España, Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, Federación Española de Daño Cerebral y Confederación ASPACE (Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral). Y contó con el respaldo del Congreso de los Diputados.

Noticia recogida de www.consaludmental.org 

https://consaludmental.org/sala-prensa/todas-personas-capaces-apoyos/